La senadora colorada Lilian Samaniego convocó a gremios de importadores a una reunión ante la Comisión Especial de Investigación para el Seguimiento a la Importación Ilegal de productos bajo competencia de Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Esta cumbre se dio en atención a la preocupación de gremios de la importación ante las medidas cautelares emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la importación productos sin licencia sanitaria en favor de algunas empresas.
El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, celebró la conformación de dicha comisión y advirtió sobre las graves consecuencias que generan las medidas judiciales que permiten el ingreso y comercialización de productos sin licencia sanitaria.
“Es de muchísimo agrado la conformación de esta comisión porque realmente es un problema con el cual venimos lidiando desde hace mucho tiempo. El interés del Legislativo en esta situación puede darnos una mano para resolver algo que está originalmente generado en el Poder Judicial y que genera que el Ejecutivo no pueda hacer los controles”, mencionó.
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Código sanitario, vulnerado
Según Dumot, la situación es crítica porque el código sanitario está siendo vulnerado.
“El código sanitario está vulnerado en este momento y permite que se importen productos de consumo humano sin control sanitario”, dijo.
Resaltó que ante esta situación hay productos de consumo humano que están siendo comercializados sin ninguna garantía sanitaria.
“Y la realidad es que hoy hay productos en manos del consumidor que no tienen ninguna garantía de calidad, que no han sido controlados y que pueden generar un daño enorme al consumidor final, como ya han ocurrido casos similares”, advirtió.
Cosméticos, alimentos y bebidas sin registro sanitario
Consultado sobre qué tipo de mercaderías ingresan sin autorización, el titular del CIP detalló que inicialmente se trataba de cosméticos y perfumería, pero la situación se amplió.
“Esto empezó con cosméticos y perfumería, pero ya en el 2023 la Corte dio un paso más y autorizó situaciones similares para alimentos y bebidas”, explicó.
Dumot recordó que todo producto de aplicación humana debe contar con registro sanitario otorgado por la Dinavisa, que garantiza su calidad y establece al responsable en caso de daños. Sin embargo, señaló que esto no ocurre con los bienes ingresados al amparo de medidas cautelares.
“Los productos están, lamentablemente, presentes en muchísimos puntos de venta del país. Al sacarle a Dinavisa la potestad de controlar y retener eso en aduana, se disemina por todo el país y ya Dinavisa tiene poca estructura para poder hacer un control”, sostuvo.
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Con aval del Poder Judicial
El dirigente gremial confirmó que estas prácticas son posibles debido a resoluciones judiciales.
También resaltó que pese a los esfuerzos conjuntos con Dinavisa, el control es imposible si se hace fuera de las aduanas.
“El Poder Judicial otorga medidas cautelares, ni siquiera resuelve el fondo de la cuestión. Mientras se estudia el fondo de la cuestión, estas empresas tienen la libertad de ingresar estos productos sin ningún registro y le limita seriamente la facultad de control que tiene Dinavisa”, explicó.
“Ya hubo intoxicados”
El presidente del CIP recordó que la problemática no es solo económica, sino también sanitaria. “Ya ha habido personas intoxicadas que han hecho su denuncia a los medios en el pasado por situaciones como esta”, afirmó.
Dumot pidió al Poder Judicial mayor conciencia ante esta situación que calificó de “inentendible”.
“A veces favorecer el derecho de un privado genera un riesgo mucho más grande en el derecho general y en el riesgo que esto genera a la población. Entonces, por resolver la problemática que presenta una empresa privada, se está generando un riesgo para toda la población del país, dijo.
Argumento: “Libertad comercial”
Consultado sobre cómo justifican las firmas beneficiadas sus pedidos ante la Corte, Dumot respondió que “no alegan nada. Básicamente, solamente piden la medida cautelar y se les otorga”.
“Los alegatos para obtener son simplemente la libertad comercial, pero esa libertad comercial va absolutamente en contra de la seguridad alimentaria de todo el país”, agregó.
